INFORME DE DIAGNÓSTICO
SITUACIÓN DE LAS PERSONAS TRANS EN MÉXICO (2020-2025)
INFORME DE DIAGNÓSTICO
SITUACIÓN DE LAS PERSONAS TRANS EN MÉXICO (2020-2025)
Con motivo del Día Internacional de la Remembranza Trans
20 de noviembre de 2025
INTRODUCCIÓN
Cada 20 de noviembre, el Día Internacional de la Remembranza Trans convoca al mundo a honrar la memoria de las personas trans asesinadas por el odio, la transfobia y la violencia estructural. En México, este ejercicio de memoria es urgente: en el periodo 2020-2024, organizaciones de la sociedad civil como Letra S,el Observatorio Nacional Contra los Crímenes de odio y Soy Humano Ac han documentado más de 390 asesinatos de personas LGBTI+, con un peso desproporcionado sobre las mujeres trans y otras identidades del espectro trans y Nb. Lejos de ser hechos aislados, estos crímenes se inscriben en un contexto de discriminación cotidiana, precariedad laboral, impunidad y ausencia de políticas públicas integrales.
El presente informe de diagnóstico se elabora con motivo del Día Internacional de la Remembranza Trans 2025 y se centra en la realidad de las personas trans en México entre 2020 y 2025. Tiene como objetivos: a) ofrecer un panorama actualizado de las principales estadísticas relacionadas con la población trans, b) analizar los avances y limitaciones de las políticas públicas y del marco jurídico, c) describir las tendencias de violencia y transfeminicidio, y d) documentar las brechas en materia de discriminación y acceso laboral. El propósito es aportar insumos para la incidencia política, la acción comunitaria y la construcción de agendas de memoria, justicia y reparación.
La información proviene de fuentes oficiales (principalmente la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, ENDISEG 2021, elaborada por el INEGI), informes de organismos públicos de derechos humanos, sentencias y reformas legislativas, así como reportes de organizaciones de la sociedad civil, redes trans y medios especializados. Aunque existe un avance importante en la producción de datos, todavía persisten grandes vacíos estadísticos: el Estado mexicano no cuenta con un registro oficial de crímenes de odio por identidad o expresión de género, y buena parte de la evidencia depende del monitoreo hemerográfico y del trabajo de organizaciones comunitarias.
1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO
La ENDISEG 2021 marcó un parteaguas en el reconocimiento estadístico de la población LGBTI+ en México. De acuerdo con esta encuesta, 5.1 % de las personas de 15 años y más,alrededor de 5 millones de habitantes se autoidentifican como LGBTI+. Es decir, una de cada veinte personas en el país forma parte de la diversidad sexual y de género. Dentro de este universo, la categoría T+ agrupa a quienes tienen una identidad de género no normativa, incluyendo personas transgénero, transexuales, no binarias y otras identidades.
Los análisis derivados de la ENDISEG y de presentaciones posteriores señalan que, de ese total, más de 300 mil personas se identifican específicamente como transgénero o transexuales. Se trata de un grupo demográfico significativo, pero históricamente invisibilizado en las estadísticas oficiales, lo que ha dificultado dimensionar la magnitud de la violencia y las desigualdades que enfrenta. Sabemos, además, que una proporción importante de la población trans se encuentra en edades productivas
(entre 18 y 35 años), lo que hace todavía más grave la pérdida de vidas por transfeminicidio y la exclusión del mercado laboral formal.
La ENDISEG también permite observar las experiencias de violencia, rechazo social y discriminación que enfrentan las personas del espectro trans. En los cuadros comparativos, las mujeres trans y personas del espectro trans reportan niveles más altos de violencia y discriminación que las mujeres cisgénero, las mujeres con orientación sexual diversa y la población no LGBTI+. Por ejemplo, más de la mitad de las mujeres del espectro trans declara haber vivido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, y alrededor de una quinta parte reporta haber sufrido discriminación directa. Estas cifras reafirman que la identidad de género sigue siendo un motivo central de agresión y exclusión
2. POLÍTICAS PÚBLICAS Y MARCO JURÍDICO (2020-2025)
Entre 2020 y 2025, México ha experimentado avances importantes en el reconocimiento jurídico de las personas LGBTI+ y, en particular, de las personas trans, aunque de manera desigual entre entidades federativas. Por un lado, se ha expandido de forma notable el número de estados que reconocen la identidad de género por vía administrativa. Informes recientes señalan que, para finales de 2024, alrededor de 21 entidades contaban ya con procedimientos para el cambio de nombre y género en las actas de nacimiento de las personas trans, siguiendo la ruta abierta por la Ciudad de México y otras entidades pioneras. En algunos estados, como Sinaloa o Veracruz, las reformas abren la puerta a que infancias y adolescencias trans puedan acceder a estos procedimientos, aunque su implementación práctica aún enfrenta resistencias.
En el ámbito federal, también se han dado pasos relevantes. El Protocolo Nacional de Actuación para el personal de procuración de justicia en casos que involucran a personas LGBTI+ establece lineamientos para investigar crímenes de odio y garantizar el respeto de la identidad de género en todas las etapas del proceso, desde la actuación policial hasta la atención pericial y ministerial con su última actualización donde la labor de organizaciones como el Observatorio Nacional Contra los Crímenes de Odio . A ello se suman protocolos del Poder Judicial para juzgar con perspectiva de orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, la distancia entre la norma y la práctica sigue siendo enorme: activistas trans señalan que, en la mayoría de los casos, las instituciones de justicia no aplican estos instrumentos o los desconocen por completo.
Otro hito relevante del periodo 2020-2025 es la prohibición de las mal llamadas "terapias de conversión" o ECOSIG. Entre 2020 y 2025, al menos 22 entidades federativas tipificaron estas prácticas como delito, y en marzo de 2024 la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para prohibirlas en todo el país. Las sanciones contemplan penas de prisión y multas para quienes ofrezcan o financien tratamientos que pretendan modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de las personas. Estos avances responden a la evidencia documentada por la ENDISEG y otras fuentes, que muestran que cientos de miles de personas en México han sido sometidas, forzadas o presionadas para "corregir" su identidad o su orientación, aquí también vale la pena mencionar que las reformas en este rubro no contemplan acciones preventivas o restaurativas, se concentran en su gran mayoría en el punitivismo.
Pese a estos avances, la agenda de políticas públicas trans sigue fragmentada y, en muchos casos, limitada a acciones simbólicas o de sensibilización. No existe aún una política nacional integral para la garantía de derechos de las personas trans que articule vivienda, salud, educación, seguridad, empleo y cultura (Transversalización). En varios estados, las reformas de identidad de género excluyen explícitamente a personas menores de 18 años, o bien establecen requisitos médicos, psicológicos o judiciales que contradicen los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, la mayoría de los programas sociales no incorpora variables de identidad de género, lo que dificulta evaluar su impacto en la población trans.
3. VIOLENCIA, TRANSFEMINICIDIOS E IMPUNIDAD
En materia de violencia letal, la realidad es devastadora. De acuerdo con los informes de Letra S, en 2020 se registraron al menos 79 muertes violentas de personas LGBTI+ en México; en 2021 se contabilizaron 78; en 2022, 87; en 2023, 66; y en 2024, 80 casos. para lo que va del 2025 la cifra supera los 50 casos, Aunque las cifras varían ligeramente año con año, la tendencia de fondo es clara: la violencia homicida contra personas de la diversidad sexual y de género se mantiene en niveles altos, y en ningún caso puede hablarse de una "normalización" aceptable.
Soy Humano ac en su informe de 2022 habla de las cifras fantasmas que organizaciones no registran debido al subregistro, la falta de acceso a los móviles de los asesinatos, además de la gran geografía del territorio mexicano que hace complejo el acceso a localidades rurales.
Cuando se observa la distribución de estas muertes por identidad de la víctima, las mujeres trans aparecen de manera constante como el grupo más golpeado. En 2021, Letra S documentó que las mujeres trans pasaron de representar poco más de la mitad de los homicidios LGBT a concentrar alrededor de 70 % de los casos. En 2022, diversos análisis señalan que al menos 55 % de las 87 víctimas eran mujeres trans. En 2023, los datos difundidos en medios y organizaciones indican que, de las 66 personas LGBTI+ asesinadas, 43 eran mujeres trans. Y en 2025, la Asamblea Nacional Trans No Binarie con el repositorio de transfeminicio de Jey fernández y el colectivo Transcontingenta reportan al menos 30 transfeminicidios
Estas cifras no pueden separarse del contexto general de violencia e impunidad que atraviesa el país. Organismos internacionales como Human Rights Watch han señalado que alrededor de nueve de cada diez homicidios en México quedan impunes. Los datos de seguridad pública muestran que el país cerró 2024 con cerca de 26 mil 700 asesinatos, lo que equivale a un promedio de alrededor de 70 homicidios diarios. En ese escenario, los transfeminicidios se suman a una ola de violencia generalizada, pero con características específicas: brutalidad extrema, uso frecuente de armas de fuego, tortura, mutilaciones y mensajes de "limpieza social".
La impunidad en los crímenes de odio contra personas trans es prácticamente absoluta. En los informes de Letra S ,el ONCO y en las investigaciones periodísticas se observa que sólo en una minoría de los casos se detiene a personas sospechosas, y menos aún se obtienen sentencias condenatorias. A menudo las autoridades concentran sus líneas de investigación en el crimen organizado, en el trabajo sexual o en la "vida privada" de las víctimas, despolitizando los asesinatos y borrando la identidad de género como móvil central. La falta de registros oficiales de crímenes de odio, la ausencia de tipificación del transfeminicidio con un enfoque de justicia restaurativa y preventiva en la mayoría de los códigos penales estatales y la persistente transfobia institucional alimentan un círculo de violencia y silencio,los avances apuntan sólo al punitivismo pero no a una reparación del daño integral, lo cual sigue siendo el gran pendiente en la transversalización de las políticas públicas.
4. DISCRIMINACIÓN Y ACCESO LABORAL
Más allá de la violencia letal, la cotidianidad de las personas trans en México está marcada por la discriminación estructural. La ENDISEG 2021 muestra que las personas LGBTI+ en general reportan niveles más altos de violencia, rechazo social y problemas de salud emocional que la población no LGBTI+. Cuando se desagregan los datos, las mujeres del espectro trans aparecen entre los grupos con mayor exposición a violencia. Más de la mitad declara haber experimentado al menos una situación de violencia; más de una quinta parte reporta haber sufrido discriminación; y alrededor de una cuarta parte ha vivido rechazo social en el trabajo. Estas cifras contrastan con los niveles reportados por hombres y mujeres cisgénero y evidencian la carga adicional que impone la transfobia.
En el ámbito laboral, las barreras son profundas. Diversos estudios recientes, así como comunicados de autoridades laborales, señalan que siete de cada diez personas trans en México se encuentran en la informalidad, en contraste con alrededor de cinco de cada diez personas en la población económicamente activa en general. Esta sobrerrepresentación en el trabajo informal implica salarios más bajos, ausencia de seguridad social, mayor exposición a violencia y extorsión, y vulneración de derechos laborales básicos. Además, investigaciones comparativas sugieren que la población trans duplica el porcentaje de personas que han sido rechazadas en un empleo sin justificación: alrededor
de 12 % de las personas trans reporta haber sido descartada en procesos de contratación sin razones claras, frente a cerca de 6 % en la población general.
El estigma también empuja a muchas mujeres trans a encontrar en el trabajo sexual una de las pocas opciones de ingreso relativamente estable, a pesar de los altísimos riesgos asociados: violencia policial, extorsión, crimen organizado y vulnerabilidad a los transfeminicidios. Cuando las personas trans logran insertarse en espacios laborales formales, a menudo enfrentan acoso, burlas, negación del uso de su nombre y pronombres, y obstáculos para acceder a ascensos o puestos de mayor responsabilidad. Los testimonios recogidos por organizaciones trans muestran un patrón recurrente: para ser contratadas, muchas personas se ven obligadas a "ocultar" su identidad o a posponer legalmente el cambio de documentos, lo que las coloca en una situación de permanente vulnerabilidad.
La discriminación laboral tiene efectos acumulativos en otras dimensiones de la vida: acceso limitado a vivienda digna, dificultades para acceder a servicios de salud (especialmente para atención integral en salud trans-específica), exclusión de sistemas de seguridad social, precariedad en la vejez y mayor exposición a violencia interpersonal e institucional. A ello se suma una carga desproporcionada de problemas de salud mental. Organizaciones como Yaaj reportan que la población LGBTI+ reporta mayor prevalencia de depresión, ansiedad, insomnio y estrés que la población no LGBTI+, y dentro de este grupo, las personas del espectro trans enfrentan condiciones todavía más adversas, a esto agregamos el preocupante aumento de suicidios en personas jóvenes LGBTIQ+ en el periodo 2024 /2025 siendo un número considerable de personas trans y No Binarie,mexico no cuenta con
politicas preventivas en temas de salud mental y suicidio lo cual deja un vacio e indefencción alas personas Trans/nb..
5. MEMORIA, REMEMBRANZA Y EXIGENCIAS DE JUSTICIA
El Día Internacional de la Remembranza Trans no es sólo un ejercicio simbólico, sino una herramienta política para nombrar a las víctimas, denunciar la impunidad y exigir cambios estructurales. En México, en los últimos años han cobrado fuerza marchas y vigilias por la memoria trans, así como repositorios comunitarios que documentan transfeminicidios y desapariciones de mujeres trans y personas no binarias. Estos esfuerzos han permitido identificar patrones de violencia, visibilizar la participación del crimen organizado en ciertos contextos y señalar la responsabilidad del Estado por acción y omisión.
La remembranza también implica reconocer la resiliencia y la organización de las comunidades trans. Frente a la ausencia del Estado, redes de apoyo mutuo, casas refugio, proyectos de inserción laboral, colectivas de acompañamiento jurídico y grupos de trabajo psicosocial sostienen la vida cotidiana de muchas personas. No obstante, estos esfuerzos se sostienen con recursos limitados y, en ocasiones, a costa de la salud y seguridad de quienes los impulsan. En el periodo 2020-2025 se han registrado también asesinatos y amenazas contra activistas trans y defensoras de derechos humanos, lo que subraya los riesgos de defender la vida en un contexto de violencia estructural.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El diagnóstico 2020-2025 sobre la situación de las personas trans en México muestra una realidad compleja y contradictoria. Por un lado, se han logrado avances importantes en el reconocimiento jurídico de la identidad de género, la prohibición de las terapias de conversión y la adopción de protocolos para la impartición de justicia con perspectiva de diversidad sexual y de género. Por otro, la violencia letal, la impunidad, la informalidad laboral y la discriminación estructural se mantienen como rasgos persistentes del contexto mexicano, con efectos desproporcionados sobre las vidas trans.
La Remembranza Trans 2025 nos coloca ante la responsabilidad ética y política de traducir la memoria en acción. A partir de los datos de este informe gracias a los múltiples esfuerzos de colectivos, organizaciones y activistas que desde su trinchera colaboran en colectividad para hacer visible la realidad social por la cual atraviesan las poblaciones Trans Y No Binaries, aquí se proponen, de manera sintética, las siguientes líneas de acción:
1. Registro oficial y tipificación con enfoque restaurativo del daño y prevención: Crear un sistema nacional de registro de crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, con variables específicas para identificar transfeminicidios.
Impulsar reformas para tipificar el transfeminicidio en los códigos penales estatales con un enfoque de reparación del daño a las víctimas directas e indirectas,prevención del delito, aplicadas con estándares acordes a los tratados internacionales de derechos humanos.
2. Política nacional integral trans: Diseñar y poner en marcha una política nacional específica para la garantía de derechos de las personas trans, con metas, presupuesto, indicadores y mecanismos de rendición de cuentas. Esta política debe articular acciones en materia de salud, educación, vivienda,
empleo, cultura, seguridad y acceso a la justicia, con enfoque interseccional y participación protagónica de organizaciones trans.
3. Justicia y combate a la impunidad: Fortalecer la capacitación obligatoria y permanente de policías, ministerios públicos, peritos y jueces en materia de diversidad sexual, identidad de género y crímenes de odio. Garantizar que los protocolos existentes se apliquen efectivamente en todas las investigaciones donde la víctima sea una persona trans, y establecer unidades especializadas en fiscalías para estos casos.
4. Trabajo digno e inclusión laboral: Implementar programas de empleo y formación profesional dirigidos específicamente a personas trans, con incentivos para empresas que adopten políticas de inclusión, respeto al nombre y género autopercibido, y cero tolerancia al acoso. Regular y supervisar las agencias de reclutamiento y los espacios de trabajo para prevenir prácticas discriminatorias, y generar rutas de salida del trabajo sexual para quienes así lo deseen, sin criminalizar a las trabajadoras sexuales trans.
5. Salud integral y salud mental: Garantizar el acceso a servicios de salud trans-competentes en todo el país, incluyendo hormonización, cirugías de afirmación de género (cuando así se desee), atención a VIH e ITS, y acompañamiento psicológico informado en derechos humanos. Incorporar la perspectiva trans en los programas de prevención del suicidio y de atención a la salud mental, reconociendo los impactos del rechazo familiar, la violencia y la discriminación, creación del programa nacional de salud mental con enfoque de perspectiva Trans y personas No Binaries.
6. Memoria, cultura y educación: Institucionalizar jornadas de memoria y remembranza trans en escuelas, universidades y espacios culturales, promoviendo narrativas que celebren la existencia y las aportaciones de las personas trans más allá del dolor. Revisar contenidos educativos para eliminar mensajes transfobicos y promover el respeto a la identidad de género desde edades tempranas, en diálogo con familias, docentes y comunidades.
La Remembranza Trans 2025 debe ser un punto de inflexión para el Estado mexicano. Nombrar a quienes ya no están es el primer paso; el siguiente es transformar las condiciones que hacen posible su asesinato. La vida de las personas trans en México no puede seguir dependiendo de la valentía individual ni de redes de apoyo que operan en la precariedad. Se requiere voluntad política, presupuesto etiquetado y un compromiso real con la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sin excepción.
Este material recopilatorio y diagnóstico fue creado por Jazz Bustamante para su uso público sin fines de lucro.
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