TransFeminicidios en México: una emergencia nacional ignorada por la justicia.
En México, la violencia contra las mujeres trans continúa alcanzando cifras alarmantes y dolorosas. Según datos de la Asamblea Nacional Trans No Binarie, durante 2024 fueron asesinadas 61 mujeres trans, y en lo que va de 2025 ya se contabilizan 28 transfeminicidios. Estos números colocan nuevamente a México entre los países más peligrosos para la población trans en América Latina, solo detrás de Brasil según el Trans Murder Monitoring Project de TGEU (Transgender Europe), que año con año documenta los asesinatos motivados por transfobia a nivel mundial.
Con un marco legal fragmentado e insuficiente A pesar de la magnitud del problema, la legislación mexicana sigue rezagada. No todos los estados de la República han homologado sus códigos penales en lo relativo a crímenes de odio por identidad o expresión de género, ni han incorporado de manera clara la tipificación penal de transfeminicidio.
El caso más emblemático es Veracruz, que en 2018 reformo su código penal para incluir las causales agravantes de crímenes de odio por orientación e identidad de genero en su código penal. Sin embargo al siguiente año las cifras de asesinatos aumentaron, a nivel nacional, esta tipología no ha sido adoptada de manera uniforme, generando vacíos legales que dificultan la investigación, la judicialización y la sanción de los responsables, a la par con la nueva figura de transfeminicidio varios códigos penales estatales deben homologarse respecto a las causales agravantes y tipificación.
Más allá del castigo es la deuda en prevención y aplicación de la ley, Expertos en derechos humanos coinciden en que el gran desafío no radica únicamente en aprobar leyes punitivas, sino en garantizar que las ya existentes se apliquen de manera efectiva y que se fortalezcan los mecanismos de prevención del delito.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), más del 70% de las personas trans en México han sufrido discriminación en espacios públicos, educativos o laborales, lo que genera un contexto de vulnerabilidad que las expone aún más a la violencia extrema. Sin embargo, los planes de trabajo de las fiscalías y procuradurías en materia de género siguen sin contemplar estrategias integrales de prevención enfocadas en la población trans.
La impunidad es la regla: según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+, más del 90% de los casos de transfeminicidio permanecen sin sentencia. Este escenario revela no sólo la ineficacia del sistema de justicia, sino también la indiferencia estructural del Estado mexicano frente a los derechos humanos de las personas trans.
Desde las organizaciones civiles, activistas y familiares de víctimas, la exigencia es clara: ¡Basta de transfeminicidios!. No se trata únicamente de contar cuerpos ni de engrosar estadísticas, sino de reconocer que la violencia contra las mujeres trans es un fenómeno estructural que debe atenderse desde un enfoque de derechos humanos,diversidad sexual y con políticas públicas reales, con acceso a la justicia y con garantías de no repetición.
México no puede seguir siendo un país donde la identidad de género se convierta en una sentencia de muerte. Mientras las instituciones sigan eludiendo la responsabilidad de aplicar y hacer cumplir la ley, cada transfeminicidio no solo será un crimen de odio, sino también un crimen de Estado por omisión.
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